La concejal de IU y delegada de Participación Ciudadana, Josefa Medrano, se contradice en el caso del homenaje al poeta Agustín de Foxá, aquel que los organizadores tuvieron que celebrar en la calle porque Medrano les retiró el permiso previamente concedido para realizarlo en el centro Cívico El Tejar del Meliizo. Se contradice en varios puntos desde que ayer prestara declaración ante la jueza de instrucción número 6, Mercedes Alaya, que la citó como imputada por dos presuntos delitos: de prevaricación y contra los derechos fundamentales y libertades públicas.
Medrano primero dijo que el homenaje literario se prohibió para hacer cumplir la ley de Memoria Histórica y ayer mantuvo ante la jueza que esa sólo fue «una de las razones», pero que había «un cúmulo de otras razones» y una situación «que podría degenerar en altercados y desórdenes».
Aparece en el caso Foxá un nuevo escenario, que hasta ahora no había sido comentado ni por la propia Medrano, ni por su compañeros en el Gobierno municipal, puesto que tanto la entonces portavoz Maribel Montaño, como el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, habían alabado la actuación de Medrano en defensa de la memoria histórica. Una memoria histórica que ayer la imputada dejó en un segundo plano.
Con sus preguntas, la juez recordó a la imputada que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica hace una excepción cuando hay por medio razones culturales. Alaya preguntó textualmente: «Conoce usted que la Ley de Memoria Histórica cuando se refiere a símbolos o a monumentos públicos excluye su retirada cuando concurran razones culturales o artísticas?». A lo que la imputada respondió que sí.
No se cuestiona si conocía este extremo cuando en una rueda de prensa se enorgulleció de retirar el permiso al homenaje literario en defensa de la Memoria Histórica. Siguen las contradicciones.
La delegada de IU basó su declaración de ayer en que no sabía el carácter literario del acto al que negó el uso de la sede. «Desconocía que (Agustín de Foxá) fuera novelista, dramaturgo o poeta», dijo Medrano cuando la jueza le preguntó: «¿No es cierto que usted decidió revocar la autorización para celebrar el acto pese a conocer su carácter literario por considerar inaceptable políticamente la ideología del poeta y dramaturgo Agustín de Foxá?». La respuesta a esta cuestión evidenció más contradicciones, ya que la concejal de IU dijo que lo único que conocía de Foxá era su ideología ligada al régimen franquista y al mismo tiempo negó que decidiera revocar la autorización por motivos políticos.
Durante la declaración, que duró algo más de hora y media, la jueza recordó a Josefa Medrano que tanto la directora del centro cívico, Cristina Paloma Torrego Fraile, que fue cesada poco después del acto literario, como su jefe, Anastasio Castizo Machío, dijeron que la revocación fue una decisión política, a lo que Medrano contestó otra vez que no.
En explicación de su actuación, la delegada de Participación Ciudadana aprovechó la tercera pregunta de la juez para contar una serie de hechos sucedidos en los días anteriores al que estaba previsto el homenaje literario y que, según dijo, le hicieron temer que se produjeran «altercados y desórdenes». El tiempo demostró que el temor de la delegada municipal era infundado, ya que pese a las dificultades, la Asociación Fernando III realizó el homenaje literario a Agustín de Foxá en la calle, junto al centro cívico, sin que hubiera ningún problema de orden público.
Medrano relató en su declaración, que unos días antes del acto «se estuvieron recibiendo llamadas telefónicas y multitud de correos electrónicos oponiéndose al acto en virtud de la ideología política de Agustín de Foxá» y que también miembros de una coordinadora antifascista se manifestó ante la sede de la Delegación con el mismo objetivo.
La delegada agregó que la decisión fue sólo suya y negó expresamente que la revocación del permiso fuera orden de Torrijos o de Montaño.
Aunque respondió a la preguntas de Alaya, la concejal de IU se negó a responder a las preguntas de las asociaciones denunciantes.
Al término, Medrano tampoco quiso valorar ante los medios su declaración y se limitó a decir que respeta el trabajo de la Administración de Justicia y que confía plenamente en ella. «Me limito a declarar porque es mi obligación», contestó.
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