Empleo, Renta y Administración Eficiente, por José Manuel Cansino
«Es posible que un gobierno socialista con el apoyo
de la coalición comunista, juegue a ser el ‘enfant terrible’ de las
autonomías, pero la Ley de Estabilidad habilita al Gobierno a cerrar el
grifo»
Pedir a la Administración Pública que resuelva
todos los problemas económicos sólo tiene sentido en una economía de
planificación central. Así pues, desde la caída del muro de Berlín en
1989 y la descomposición del bloque soviético, seguir poniendo las
esperanzas de recuperación económica en el sector público es un error de
partida, particularmente en aquellas economías en las que el sector
privado es el actor económico principal.
Eso es lo que ocurre en España y Andalucía. La proyección de la OCDE
para 2013 es que el sector público español represente el 39,7% de
nuestra economía, cifra que con ser importante, deja el 60,3% restante
en manos privadas.
¿Podemos entonces decir que al próximo gobierno autonómico de Andalucía
sólo podrá exigírsele resolver el 40% de los problemas económicos que
azotan la región? Sería un razonamiento tramposo, como también lo sería
atribuirle toda la responsabilidad.
Sobre lo que sí se debe poner el énfasis es en tres retos acuciantes en
materia económica: la creación de empleo, la mejora en la renta per
capita andaluza y en el logro de una Administración Pública eficiente.
Ninguno de estos retos son nuevos salvo acaso el último al haberse
instalado mayoritariamente en la sociedad –de derechas y de izquierdas–
la sensación de tener una Administración autonómica salpicada por la
malversación de caudales públicos.
Pocas dudas hay a la hora de señalar que el primer problema económico de
la región es el de los 1.250.000 parados que arroja la Encuesta de la
Población Activa. Un dato que, cuando se estiliza, se muestra más
crudamente, pues la tasa de paro del 31,23% en Andalucía supera en más
de 8 puntos la media nacional, ¡y en más de 20 puntos la media de la
Europa de los 27!
Asociado con el problema del desempleo está el salario medio que cobra
un trabajador en Andalucía (1.497/mes), y que se sitúa en los últimos
lugares del «ranking» nacional. No sólo hay más parados en Andalucía
sino que los que tienen la suerte de trabajar lo hacen a cambio de
sueldos más bajos. Si durante los años del «boom inmobiliario» el
mileurista era un estigmatizado, hoy día es motivo de envidia para
muchos empleados. Detrás de esto no es difícil encontrar como causa, los
pobrísimos resultados arrojados para la educación en Andalucía por el
Informe PISA.
El tercer reto es el de conseguir una Administración Pública
eficiente que, necesariamente, tendrá que hacer lo mismo o más, con
menos.
De entrada, el nuevo gobierno regional tendrá que reducir el déficit
desde el 3,22% del año pasado al tope del 1,5% para este año fijado por
el Ministerio de Hacienda. Es posible que un gobierno socialista con el
apoyo de la coalición comunista, juegue a ser el «enfant terrible» de
las autonomías españolas pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria
habilita al Gobierno de la Nación a cerrar el grifo de las
transferencias (los anticipos a cuenta) y a nombrar interventores
llegado el caso. Así pues, una hipotética política expansiva de gasto a
lo keynesianismo rancio, apenas tendrá recorrido en esta legislatura.
El gobierno tendrá que hacer frente también al pago de la deuda con sus
proveedores. Una deuda que, en el caso del Servicio Andaluz de Salud, va
camino de eternizarse.
En auxilio de esta angustia presupuestaria aparece la posibilidad de
recurrir al instrumento de financiación que permitirán los
«hispanobonos», esto es, el atajo a través del cual la deuda pública
autonómica –calificada al nivel del bono basura para no pocos analistas–
podrá encontrar compradores en los mercados de deuda al emitirse con la
garantía del Estado español. Este es el escenario apresurado al que se
tendrá que enfrentar un previsible gobierno de socialistas y comunistas
que vendrá marcado por las reticencias de buena parte de estos últimos
que ya dejaron sus exigencias por escrito ante notario. Es en ese
documento en el que debemos detenernos para hacer alguna previsión sobre
la gobernabilidad de los próximos cuatro años.
En primer lugar, la Ley de Renta Básica e Inclusión Social que exigirá
la coalición comunista, obligaría a un desembolso presupuestario muy
elevado salvo que nazca vacía de contenido al definir al grupo de
beneficiarios de manera muy restrictiva.
La Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria, en lo que de
trasfondo tiene de haberse propuesto a raíz del último acuerdo de la
Unión Europea con Marruecos, excede de las competencias de la Junta de
Andalucía puesto que la política comercial exterior está residenciada en
la Unión Europea. Es poco previsible que esta ley, de salir adelante,
tenga contenido sustantivo.
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| Camarada Sánchez Gordillo |
La demanda de crear una «banca pública» en Andalucía –trasnochada para
los expertos económicos pero aplaudida por miles de ciudadanos– también
excede de las competencias de la Administración autonómica. Otra cosa es
que tan pomposo nombre acabe atribuyéndose a una suerte de Agencia
Pública del tipo IDEA convertida en expendedora de subvenciones y
créditos baratos. En este caso se estaría al resultado del marketing
político pues, técnicamente, no podría hablarse de «banca pública» para
referirse a una entidad que no puede «crear dinero». Lo que no sería
cosmética y sí tendría sustancia política y presupuestaria, sería la
aprobación de la «Carta de Derechos de la Ciudadanía» que convertiría
derechos como el de acceso a la vivienda, en derechos subjetivos
exigibles ante la Administración Pública. Si esta demanda del compromiso
ante notario del candidato comunista sale adelante, el colapso
presupuestario está servido. Si no hay recuperación económica rápida en
los próximos años, y nada hay que apunte en sentido tal, es posible que
retos tan cruciales como el empleo, la renta o la gestión correcta del
dinero de todos sean eclipsados por una triada de «antis» rancia:
anticlericalismo, antiamericanismo y antinuclearimo. Pero, esta
historia, ya nos la conocemos.
José Manuel Cansino
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
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