La Junta de Castilla y León 'secuestra' el archivo de Yagüe

TEMEN POR SU FUTURO

La Junta de Castilla y León 'secuestra' el archivo de Yagüe 

FERNANDO PAZ
 

La hija del general lo donó en 2009 a la Junta para que estuviese a disposición de los historiadores y de los investigadores. Cuatro años después la familia no puede consultar el archivo y acusa a los políticos de incumplir el trato.

Hace más de sesenta años que un mal cáncer se llevó al general Juan Yagüe. A la familia le quedó apenas la paga prevista aunque luego viniera, por obra y gracia de Franco, el marquesado de San Leonardo, la localidad soriana de la que Yagüe era natural. Por entonces, el recuerdo del heroísmo de aquél conductor de hombres forzosamente habría de reconfortar a sus deudos; el que durante sus últimos años el general se hubiera volcado en la mejora de la suerte de los más humildes le granjeó, además, una justa fama de benefactor.
Pero Juan Yagüe no dejó tan sólo esa estela de cariño en las gentes que le trataron. El fallecimiento del general también supuso para la familia el legado de una gran cantidad de documentos, por los que nadie se preocupó durante décadas; simplemente estaban ahí. Hasta que un día, la hija menor, María Eugenia -apenas una adolescente escasamente consciente de lo que su padre podía significar para la historia cuando este murió- comenzó un duro trabajo de sistematización de su herencia documental.
Durante años, y con infinita paciencia, María Eugenia Yagüe fue construyendo el archivo de su padre pieza a pieza, para lo que apenas contó con la ayuda de nadie. Y no sólo eso: en su empeño de construir la memoria documental de su padre, de parte de su familia sólo recibiría recriminaciones crecientemente ásperas. Con el tiempo, el recuerdo del general Yagüe parecía haberse vuelto incómodo para los suyos. Estos, una vez culminada la ingente obra recopilatoria y clasificatoria de María Eugenia, reclamaron que el archivo fuese dividido entre los hermanos, absurdo propósito al que pusieron punto final varias sentencias judiciales que fallaron a favor de la unidad del archivo, tal y como la Fundación Yagüe, creada y sostenida por María Eugenia para preservar el legado del padre, defendió en todo momento.
El archivo del general es, indudablemente, de un gran valor histórico. Contiene miles de documentos de todo tipo, fotografías y mapas originales, anotaciones personales y un riquísimo epistolario. De modo que, una vez a salvo de las descabelladas pretensiones de división del mismo, María Eugenia decidió donarlo a la Junta de Castilla-León para que estuviese a disposición de los historiadores y de los investigadores, entregándolo a una administración de la que, a priori, no tenía ninguna razón para desconfiar. Lo que hizo el 7 de junio de 2009.
A la vista de lo que le está sucediendo en los últimos cuatro años, probablemente María Eugenia lamente en lo más hondo la decisión tomada de entregar el archivo de su padre a dicho organismo.
Pues ¿qué es lo que sucede exactamente con el archivo de Yagüe?
Para la donación del archivo, María Eugenia no impuso ninguna condición especial. El acuerdo al que se llegó con la administración incluía las cláusulas, habituales en estos casos, por las que la junta castellana se hacía cargo de entregar una copia a la fundación de todos los documentos que le eran cedidos. Además, se comprometía a digitalizar todo el archivo -algo habitual a estas alturas- y a que este se expusiera públicamente sin cortapisas, así como el que la fundación gozara de facilidades a la hora de consultar dicha documentación. Por lo demás, el archivo debería ser de acceso público, sin limitaciones, y permanecer en Soria o en Burgos.
Naturalmente, la Junta mostró su pleno acuerdo y el jefe del servicio de archivos y bibliotecas de la comunidad, Carlos Travesi, aseguró que la documentación quedaría ligada al Archivo Histórico burgalés, lo que a todo el mundo pareció una solución aceptable.
Pero una vez en manos de los políticos, todo cambió. Las atenciones prodigadas hasta ese momento se desvanecieron. Los miembros de la fundación se encontraron de pronto con que ya no podían ejercer ningún derecho sobre ese archivo: “desde el primer momento no hicieron más que ponernos todo género de trabas”. La situación se les escapó de las manos hasta el punto de que ”resulta increíble, pero no podemos siquiera consultar el archivo”. María Eugenia Yagüe concluye rotunda:
“Desde entonces, la Junta no ha cumplido una sola de sus promesas”
Y, como queriendo darle la razón, lo mismo ha sucedido con el traslado de los documentos. En una decisión que no ha sido explicada absolutamente por nadie, no sólo se mudó el archivo en su conjunto a Salamanca, sino que ni siquiera se han molestado en informar a la fundación que lleva su nombre de dicho traslado.
Se desconoce, además, quién es el responsable de esta decisión. Nadie se digna en dar una sola explicación, nadie contesta a las distintas requisiciones que se hacen una y otra vez. En noviembre de 2010 -hace ya casi tres años- María Eugenia envió una carta en este sentido a Virginia Arnáiz, jefa de gabinete del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, carta de la que aún espera respuesta.

En la fundación, lógicamente, temen por el destino del archivo y por lo que, acaso, pudiera sucederle. “De momento” -explica María Eugenia- “nos consta que de la biblioteca faltan 166 libros”. La sensación de los miembros de la fundación es que “nos sentimos estafados y acosados”. María Eugenia no se recata al exponer su opinión: “Para mí, lo que ha hecho la Junta de Castilla León es un robo en toda regla y en mi caso, además, un engaño”. La indignación rebosa por los poros de la presidenta de la fundación Yagüe.


Por su parte, la fundación ha cumplido con creces la parte que le tocaba; tiene dispuestos desde hace tiempo más de 400 legajos para albergar los documentos originales una vez digitalizados, cumpliendo de este modo lo dispuesto por la ley. Pero esto, al parecer, no reza con los políticos, que siguen haciendo lo que les parece más oportuno o, sencillamente, ignorando el cumplimiento de las disposiciones legales.
 
Quizá por eso María Eugenia está considerando denunciar a la Junta de Castilla-León por la vía penal. En la fundación se tienen pocas dudas a la hora de definir qué es lo que está pasando. Mejor que nadie lo expresa María Eugenia: “La Junta ha secuestrado el archivo de mi padre”.