El atril de economía del profesor Cansino.

La Administración. Reforma pendiente

José Manuel Cansino.   Las etapas de crisis son una eficaz coartada para poner en marcha reformas que contaban con partidarios mucho antes y en contextos diferentes a las crisis que, finalmente, las posibilitan.

Todas las puestas en marcha en los últimos dos años en España tenían sus defensores cuando todavía apenas nadie sabía que era una hipoteca 'subprime'.

El sistema de pensiones, la reforma del mercado laboral, las fusiones bancarias, la introducción de fórmulas de copago en el sistema sanitario, para todas ellas se puede encontrar documentos pro reforma y expertos que las invocaban como inaplazables.

Sin embargo, en el menú de reformas pendientes había una con especial juventud y, de momento, inédita a diferencia de las otras que ya se han abierto un hueco a propósito o gracias a la crisis.

Me refiero a la reforma de la Administración del Estado. Particularmente la necesidad de revisar el desarrollo del Estado de las Autonomías.

Hasta hace poco, el mero cuestionamiento de su deriva era un anatema en la Universidad o Academia española y en los medios de comunicación de masas. Cuestionar la bondad del Estado de las Autonomías suponía para quien se atrevía, quedar extramuros de los detentadores de la 'verdad' científica. Lo digo porque lo digo, lo digo porque lo sé.

En el primer ámbito había hecho fortuna la falacia de que cualquier competencia estatal, una vez cedida a las comunidades autónomas, era inequívocamente gestionada más eficazmente.

Un razonamiento más elaborado pero igualmente falaz venía a decir que el Estado de las Autonomías había contribuido al desarrollo económico porque uno y otro habían coincidido en el tiempo. Algo que cualquier económetra habría invalidado recordando que la correlación estadística no implica causalidad. Sería tanto como decir que dado que el desarrollismo en la España de los 60 coincidía con un estado autoritario, el estado autoritario era bueno para la sociedad.

No fue hasta la década de los 90 del siglo XX cuando un grupo amplio de intelectuales y algunas voces de los 'mass media' comenzaron a denunciar el despropósito del Estado de las Autonomías.

Economistas como Juan Velarde, Leopoldo González, Roberto Centeno, Juan R. Calaza o periodistas como Enrique de Diego, Eduardo García-Serrano, Romualdo Maestre, Carlos Herrera, Javier Castro-Villacañas o César Alonso de los Ríos, comenzaron esta rebelión frente al 'wishful thinking' autonómico.

Esta denuncia se hacía con el paraguas argumental irreprochable de que cualquier sociedad democrática y madura, tiene perfecto derecho a replantearse de vez en cuando si la organización administrativa del Estado debe mantenerse o revisarse para mejor atender las demandas ciudadanas.

Pero incluso contando ya con defensores, la defensa de esta reforma era previa a la crisis financiera actual como lo eran la del sistema de pensiones, la laboral, la sanitaria o cualesquiera otras. La diferencia crucial es que ésta aún no se ha abordado.

No obstante, el rescate del sistema financiero de España ha servido para dar una vuelta de tuerca de favor de su inmediata puesta en marcha.

Efectivamente, el informe del FMI cuya publicación precipitó la petición de rescate una vez fracasado el intento de que el Banco Central Europeo comprase masivamente deuda española y ante la inminencia del segundo referéndum griego, el informe decimos, señaló que el 30% del sistema financiero español era el que contenía el 70% del crédito afectado por la crisis inmobiliaria. Ese 30% eran, esencialmente, las cajas de ahorro; unas instituciones cuya gobernanza las había puesto doblemente al servicio de los gobiernos autonómicos.

En primer lugar al forzar operaciones de crédito económicamente inviables que se aprobaban por razones clientelares y así mantener empresas ruinosas pero con fuerte implantación local y bolsa de votos.

En segundo lugar como mecanismo de la denominada 'concertación social' o manera de comprar voluntades entre sindicatos, empresarios, sociedad civil y veteranos conmilitones a los que se otorgaba un retiro dorado por los servicios prestados.

Así que ahora, el descrédito de la clase política se suma al de las Administraciones Autonómicas (mucho menos valoradas que la administración general y la local) por su corresponsabilidad en la crisis del sistema financiero español.

Es este el momento de abordar la reforma de la organización territorial del Estado; que si bien no es la única responsable de la crisis económica. Sí tiene una responsabilidad no pequeña en la explicación del rescate de las cajas de ahorro.