Por su interés y enorme repercusión, reproducimos la tercera de ABC firmada por el diputado popular Juan Van Halen solicitando la derogación de la llamada ley de memoria histórica.
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| Juan Van Halen |
LA MEMORIA HISTÓRICA
En un tiempo de grave crisis económica, que obliga a la austeridad,
el Gobierno ha tomado decisiones duras y probablemente habrá de seguir
tomándolas, y entre otros muchos asuntos que urge reconsiderar está la
“memoria histórica”, aunque el tema no es ni mucho menos pacífico.
Irrita a no pocos que camino de los ochenta años de concluir la
Guerra Civil, aquel episodio histórico permanezca latente en la sociedad
española en buena parte gracias a quienes han caído en la tentación de
avivarlo. Entre las estrategias de no pasar página figura en vanguardia
la llamada “memoria histórica”. El concepto es intencionadamente
confuso; aún más, incorrecto, ya que la memoria es individual y la suma
de memorias individuales –que chocan, son dispares, se desencuentran- no
forma, en ningún caso, lo que quieren expresar quienes han acuñado la
patochada.
Para Gustavo Bueno “el concepto de memoria es esencialmente
subjetivo, psicológico, individual: la memoria está grabada en un
cerebro individual y no en un cerebro colectivo”. Y aclara que “la tarea
del historiador no consistirá tanto en recuperar la memoria histórica
tal cual sino en demoler la memoria deformada”. Lo común es que esta
deformación y las tergiversaciones derivadas tengan que ver con
posiciones ideológicas.

La llamada “memoria histórica” trata de convertir en vencedores a
quienes perdieron la guerra y en perdedores a quienes la ganaron, con
bastantes decenios de retraso, en el imposible ejercicio de pasar por la
Historia una goma de borrar de modo que solo aparezca como verdadero lo
que a cada uno le conviene.
El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 no incluía
la “memoria histórica”, ni tampoco Zapatero mencionó el asunto entre
sus objetivos en su discurso de investidura.
El proceso que llevó a la aprobación de la ley “de la Memoria
Histórica”, de 28 de octubre de 2007, se inició el 10 de septiembre de
2004 con la creación por real decreto de una Comisión interministerial
presidida por la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega.
Desde aquella ley, el Gobierno socialista subvencionó a asociaciones,
fundaciones, sindicatos, etcétera, con decenas de millones de euros, ya
en época de crisis económica, aunque negada. Si la “memoria histórica”
no se mantuviese viva –algunos desean que ad aeternum- se acabarían las
subvenciones. Esa relación no es inocente.

El asunto de la “memoria histórica”, en todo caso, no es nuevo. Pese a
que Zapatero quiso que se le tuviera por padre de la criatura, en los
aspectos asistenciales económicos y de reconocimiento social, desde la
llegada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y
leyes específicas para tratar de compensar las situaciones sufridas en
la guerra y en la posguerra por personas afectas al bando republicano,
la parte de España controlada por el “Frente Popular”. Son una decena de
normas.
Tras aquella legislación anterior sorprende que al aprobarse la
referida ley en 2007 quedaran aún tantos afectados que no hubiesen
solicitado lo que se conoció como “apertura de las fosas” de sus
familiares. De hecho, de las subvenciones concedidas en los últimos años
solo un 28,2 por ciento del total se destinaron a labores de
localización, excavación, exhumación e identificación de víctimas. El
71,8 por ciento restante se destinó a otros menesteres: congresos,
seminarios, ciclos de conferencias, estudios, etcétera. En definitiva, a
nutrir las arcas de las asociaciones favorecidas.
Se ha repetido que la llamada “memoria histórica” pretende la
reconciliación entre los españoles. Sin embargo, con el referéndum de
1976 y la Constitución de 1978 se inició una reconciliación que no
debería haber tenido retorno. Entonces la izquierda se sumó a ella y se
produjeron declaraciones de muchos de sus dirigentes, desde Carrillo a
Felipe González y a Tarradellas en el exilio, manifestando que quedaban
cerradas las heridas.
Tras la estrategia de la “memoria histórica” no es aventurado pensar
que lo que pretendieron algunos fue establecer cierta legitimidad
democrática en 1931 y en la Constitución de la II República y no en la
transición y en la Constitución de 1978. Y esto es, además de una
injusticia histórica, una falacia.
Las libertades democráticas fueron vulneradas constantemente durante
la II República; sobre ello la historiografía es contundente. Muchos
combatientes republicanos no lucharon defendiendo ideales democráticos,
sino ideales revolucionarios que no eran menos totalitarios, aunque en
sentido contrario, que los de los sublevados. Por no hablar de aquella
“tercera España” de intelectuales decepcionados después de haber
colaborado en el advenimiento de la República. Es el exilio voluntario
de Ortega, Pérez de Ayala, Marañón o Severo Ochoa, entre otros, ante el
caos de la retaguardia en el Madrid de la Guerra Civil.
La llamada “memoria histórica” patinó demasiado; sufrió a menudo el
pecado de la ignorancia. Debería haber sido más respetuoso con la
Historia. Son cosas sabidas. El cambio de nombre de la calle general
Merry, confundiendo al militar de la guerra de Cuba con un general
contemporáneo. La pretensión de que se retirase su sombre a la calle
teniente Ruiz, que no era sino el héroe del Dos de Mayo. La petición de
que se suprimiese el nombre de la calle Luceros, porque cierta
asociación entendía que recordaba a un himno falangista. El intento de
que desapareciesen las calles dedicadas a Portugal, Italia y Alemania
porque fueron países que apoyaron a los sublevados de 1936. Y el
conocido caso de cierta concejala que decretó que se retirase un añejo
escudo de los Reyes Católicos porque lucía las flechas y el yugo…
Ignorancia o interesado celo de asociaciones que defendían la
subvención.
La otra cara de la moneda es la permanencia en la España de hoy de
numerosos escudos y símbolos de la República. En institutos, escuelas,
plazas de toros, parques de bomberos, jardines, rejas, diputaciones
provinciales, ayuntamientos… Y muchos de ellos han sido restaurados
varias veces. Han sobrevivido a la República y al franquismo. Nadie
pidió nunca que se retirasen. Eran y son Historia.
Borrar parte de la Historia no es posible, y además el revisionismo
de la “memoria histórica” es muy costoso para la realidad económica de
España. Si el Gobierno es consecuente con las posturas asumidas cuando
ejerció la oposición, derogará esa ley.
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