La Administración. Reforma pendiente
José Manuel Cansino.
Las etapas de crisis son una eficaz coartada para poner en marcha
reformas que contaban con partidarios mucho antes y en contextos
diferentes a las crisis que, finalmente, las posibilitan.
Todas
las puestas en marcha en los últimos dos años en España tenían sus
defensores cuando todavía apenas nadie sabía que era una hipoteca
'subprime'.
El sistema de pensiones, la reforma
del mercado laboral, las fusiones bancarias, la introducción de fórmulas
de copago en el sistema sanitario, para todas ellas se puede encontrar
documentos pro reforma y expertos que las invocaban como inaplazables.
Sin
embargo, en el menú de reformas pendientes había una con especial
juventud y, de momento, inédita a diferencia de las otras que ya se han
abierto un hueco a propósito o gracias a la crisis.
Me
refiero a la reforma de la Administración del Estado. Particularmente
la necesidad de revisar el desarrollo del Estado de las Autonomías.
Hasta
hace poco, el mero cuestionamiento de su deriva era un anatema en la
Universidad o Academia española y en los medios de comunicación de
masas. Cuestionar la bondad del Estado de las Autonomías suponía para
quien se atrevía, quedar extramuros de los detentadores de la 'verdad'
científica. Lo digo porque lo digo, lo digo porque lo sé.
En
el primer ámbito había hecho fortuna la falacia de que cualquier
competencia estatal, una vez cedida a las comunidades autónomas, era
inequívocamente gestionada más eficazmente.
Un
razonamiento más elaborado pero igualmente falaz venía a decir que el
Estado de las Autonomías había contribuido al desarrollo económico
porque uno y otro habían coincidido en el tiempo. Algo que cualquier
económetra habría invalidado recordando que la correlación estadística
no implica causalidad. Sería tanto como decir que dado que el
desarrollismo en la España de los 60 coincidía con un estado
autoritario, el estado autoritario era bueno para la sociedad.
No
fue hasta la década de los 90 del siglo XX cuando un grupo amplio de
intelectuales y algunas voces de los 'mass media' comenzaron a denunciar
el despropósito del Estado de las Autonomías.
Economistas
como Juan Velarde, Leopoldo González, Roberto Centeno, Juan R. Calaza o
periodistas como Enrique de Diego, Eduardo García-Serrano, Romualdo
Maestre, Carlos Herrera, Javier Castro-Villacañas o César Alonso de los
Ríos, comenzaron esta rebelión frente al 'wishful thinking' autonómico.
Esta
denuncia se hacía con el paraguas argumental irreprochable de que
cualquier sociedad democrática y madura, tiene perfecto derecho a
replantearse de vez en cuando si la organización administrativa del
Estado debe mantenerse o revisarse para mejor atender las demandas
ciudadanas.
Pero incluso contando ya con
defensores, la defensa de esta reforma era previa a la crisis financiera
actual como lo eran la del sistema de pensiones, la laboral, la
sanitaria o cualesquiera otras. La diferencia crucial es que ésta aún no
se ha abordado.
No obstante, el rescate del
sistema financiero de España ha servido para dar una vuelta de tuerca de
favor de su inmediata puesta en marcha.
Efectivamente,
el informe del FMI cuya publicación precipitó la petición de rescate
una vez fracasado el intento de que el Banco Central Europeo comprase
masivamente deuda española y ante la inminencia del segundo referéndum
griego, el informe decimos, señaló que el 30% del sistema financiero
español era el que contenía el 70% del crédito afectado por la crisis
inmobiliaria. Ese 30% eran, esencialmente, las cajas de ahorro; unas
instituciones cuya gobernanza las había puesto doblemente al servicio de
los gobiernos autonómicos.
En primer lugar al
forzar operaciones de crédito económicamente inviables que se aprobaban
por razones clientelares y así mantener empresas ruinosas pero con
fuerte implantación local y bolsa de votos.
En
segundo lugar como mecanismo de la denominada 'concertación social' o
manera de comprar voluntades entre sindicatos, empresarios, sociedad
civil y veteranos conmilitones a los que se otorgaba un retiro dorado
por los servicios prestados.
Así que ahora, el
descrédito de la clase política se suma al de las Administraciones
Autonómicas (mucho menos valoradas que la administración general y la
local) por su corresponsabilidad en la crisis del sistema financiero
español.
Es este el momento de abordar la reforma
de la organización territorial del Estado; que si bien no es la única
responsable de la crisis económica. Sí tiene una responsabilidad no
pequeña en la explicación del rescate de las cajas de ahorro.
